Formamos parte de un pequeño grupo de 17 países que poseen la mayoría de diversidad de animales y plantas del mundo, pues en México habita un 10% de las especies conocidas en el mundo, particularmente de plantas endémicas.
Formamos parte de un pequeño grupo de 17 países que poseen la mayoría de diversidad de animales y plantas del mundo, pues en México habita un 10% de las especies conocidas en el mundo, particularmente de plantas endémicas. También somos el segundo país con mayor cantidad de lenguas en el mundo, al conservar 68 dialectos de pueblos originarios.
Pero, ¿esa megadiversidad natural y patrimonio cultural, están ligados a la lógica de una política que permita la conservación y potencialización sostenible de los recursos, por el interés de la población y a la altura de sus circunstancias nacionales y globales?
Hoy enfrentamos una crisis climática que vulnera la vida de las personas y, en general, a la biodiversidad (entendida por tres componentes: genes, especies y hábitats) y progresivamente afectada ante la sobreexplotación.
En el caso de México, las últimas estimaciones señalan que se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales.
México es “megadiversidad”, en él habitan mil realidades naturales y culturales.
De acuerdo con la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), las cinco causas directas de la degradación de la naturaleza son: los cambios en el uso de la tierra y el mar; la explotación directa de organismos; el cambio climático; la contaminación y las especies exóticas invasoras.
Gran parte del cambio de los usos del suelo se ha dado por el crecimiento urbano y sus dinámicas, siendo una de las cuencas urbanas más afectadas la del Valle de México.
Esta tendencia es común en los países, lo que llevó a crear en 1992 el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es el instrumento para su conservación, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Por una Ley General de Biodiversidad a la altura del valor genético, de especies y hábitats de nuestro país.
Derivado del mismo, se constituyó el “Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020”, basado en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, el cual establece una ambiciosa estrategia para aplicar medidas de amplio alcance a fin de lograr una transformación en la relación de la sociedad con la diversidad biológica y a garantizar, para 2050, una armonía con la naturaleza. Sus objetivos se centran en impulsar la cooperación entre gobiernos, pueblos indígenas y las comunidades locales, la sociedad civil y el sector empresarial, para adoptar medidas a nivel nacional, subnacional, regional y mundial.
En concreto, se pretende la elaboración de objetivos y metas nacionales, así como estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad, alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Entre dichas medidas fundamentales se incluye el marco jurídico y presupuestal para efectuar las políticas gubernamentales y generar una rendición de cuentas como garantía en la protección de esa biodiversidad.
En México contamos con ordenamientos como la Ley General del Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre otros complementarios; sin embargo, tal ampliación jurídica, que atiende diversos aspectos y reparte las responsabilidades, genera lagunas en el compromiso por la biodiversidad.
Como menciona el biólogo Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez de la UNAM: “la heterogeneidad de hábitats existente en México, junto con los factores bióticos e históricos, se combinan para producir una elevada diversidad beta, por lo cual la conservación en áreas naturales protegidas, si bien es evidentemente necesaria, es insuficiente para representar un porcentaje importante de la biodiversidad mexicana”.
Por ello, es posible conformar una Ley General de Biodiversidad que permita:
Un soporte jurídico unificado a la Estrategia Nacional de Biodiversidad con incidencia en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal/alcaldía);
Ampliar el sentido e infraestructura de las Áreas Naturales Protegidas;
Ordenar el sistema de información y la rendición de cuentas;
Modificar los planes de ordenamiento territorial y asentamientos urbanos;
Regular el mercado en el uso de la biodiversidad e incluir a las comunidades indígenas, rurales y urbanas en la utilización de la biodiversidad en sus hábitats;
Y, sobre todo, cambiar el paradigma de atención a los derechos ambientales (en el artículo 4° de la Constitución Mexicana) de un entorno autónomo, a la vida en el entorno en el centro.
Una legislación especializada, los planes, programas y su presupuesto estarán destinados a resolver problemáticas específicas, sin descartar su esencia de “global-local”, gobernanza (Estado-sociedad civil-academia-empresas) y de cooperación internacional para el desarrollo que favorezca el bienestar y la justicia ambiental.
Queda entonces unificar voluntades políticas y efectuar las consultas pertinentes a la comunidad.
Somos orgullo a los ojos del mundo, pero cada virtud conlleva una responsabilidad de la misma escala.
